En un inesperado sincericidio parlamentario, Luis Juez confesó lo que el Gobierno viene denunciando desde el inicio de la gestión: “Han inflado el padrón de discapacitados, han utilizado las pensiones para hacer política”. La frase expuso la dimensión del problema: un sistema de subsidios convertido en herramienta de clientelismo, donde miles de pensiones irregulares engrosan artificialmente un padrón que ya acumula 1,6 millones de beneficiarios.
Lejos de acompañar la limpieza del sistema y la lucha contra el despilfarro, el propio Juez votó en contra del veto de Javier Milei y se sumó a la oposición para sostener un esquema de privilegios que él mismo admitió como fraudulento. El Senado ratificó la Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, obligando al Presidente a promulgar la norma.
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Los bloques de Unión por la Patria, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y partidos provinciales confluyeron en la maniobra, dejando en minoría al oficialismo. Solo cinco senadores de La Libertad Avanza, junto con la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y el formoseño Francisco Paoltroni, defendieron el veto.
El senador santacruceño José María Carambia lanzó incluso una advertencia al Presidente: “Esperemos que aplique esta ley como corresponde y que no haga ningún artilugio legal para no aplicarla. Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”.
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El cuestionado senador cordobés arrastra un prontuario político y personal difícil de ocultar: mantiene al menos diez familiares en cargos públicos, entre ellos a su hijo Martín (concejal en Córdoba), su hija María Agustina (empleada del Consejo de la Magistratura) y su mellizo Daniel (legislador provincial). Además, administra 22 asesores en el Senado con recursos equivalentes a más de 15 millones de pesos mensuales, un ejemplo claro del despilfarro que Milei continúa erradicando.
Su accionar se suma a una serie de votaciones anteriores en contra de iniciativas oficiales, desde la expropiación de YPF hasta proyectos deficitarios como el Financiamiento Universitario o la Emergencia Pediátrica. Cada vez, el denominador común fue el mismo: sostener el gasto público y proteger la casta política.
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