El Gobierno presentó una apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York contra la decisión de la jueza Loretta Preska, que ordenaba la transferencia del control accionario de YPF a fondos litigantes.
La estrategia oficial apunta a agotar todas las instancias judiciales y evitar cualquier tipo de negociación.
Apelación directa a la Cámara antes del fallo sobre la suspensión
El 9 de julio, la Argentina presentó formalmente su apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, en el marco del caso que enfrenta por la expropiación de YPF realizada en 2012. La presentación fue realizada por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa al Estado argentino.
Esta apelación se concretó antes de que la jueza Loretta Preska se expidiera sobre el pedido de suspensión (“stay”) del fallo que ordenaba la transferencia de las acciones Clase D —el 51% del capital de la petrolera estatal— a Burford Capital y Eton Park, fondos beneficiarios del litigio.
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Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, la decisión del Gobierno de apelar directamente no es ilegal, pero se aparta de la estrategia convencional: “Lo lógico habría sido esperar la decisión de la jueza sobre la suspensión, y a partir de allí avanzar. Pero Argentina se anticipó”.
La causa y el riesgo de desacato
La demanda central se originó por la forma en que el gobierno de Cristina Kirchner expropió YPF en 2012. En septiembre de 2023, Preska falló en contra de la Argentina, con una sentencia que la obliga a pagar USD 16.000 millones a los fondos litigantes, que habían adquirido derechos legales de antiguos accionistas de la petrolera.
En paralelo al proceso de apelación del fallo económico, Burford promovió la ejecución directa de la sentencia, reclamando las acciones que el Estado posee en YPF. Si Preska decidiera exigir garantías como condición para conceder el “stay”, y la Argentina no cumple con esa exigencia antes del lunes próximo, el país podría incurrir en desacato.
Ese escenario afectaría gravemente la imagen internacional del país, justo en momentos en que busca atraer inversiones, reabrir el acceso al crédito y consolidar un rumbo de estabilización económica.
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Estrategia del Gobierno y advertencias internas
Desde Casa Rosada aseguran que no se negociará ningún tipo de acuerdo extrajudicial. “La estrategia es judicial al 100%. Vamos a agotar todas las instancias posibles. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la defensa”, afirmaron desde cerca del Presidente a Infobae.
El Gobierno también considera que existen “buitres domésticos” que estarían colaborando con los litigantes internacionales por intereses políticos o económicos. En esa línea, apuntan contra las declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, exfuncionarios, analistas financieros y estudios jurídicos que, según esta visión, estarían favoreciendo una posible desestabilización para beneficiarse de operaciones vinculadas con Vaca Muerta.
Como parte de la estrategia, Argentina también buscará que el Gobierno de Estados Unidos emita una opinión formal ante el tribunal, tal como ocurrió en 2023 durante la administración de Joe Biden.
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