En un nuevo capítulo del plan de reordenamiento estructural del Estado, el Gobierno de Javier Mileianunció un aumento del 63,12% para los médicos residentes del Hospital Garrahan, que llevaría su salario de $797.000 netos a $1.300.000 mensuales a partir del 1 de julio. La medida, sin embargo, fue rechazada por sectores gremiales y sindicales que insisten en mantener un conflicto que, para la Casa Rosada, está fogoneado por intereses partidarios y una estructura de poder enquistada.
La actualización salarial incluye un incremento nominal de $300.000 en concepto de bono, que pasa de $200.000 a $500.000, lo que representa un esfuerzo fiscal significativo en medio de un proceso de ajuste presupuestario que prioriza eficiencia, orden y meritocracia. Lejos de apaciguar el conflicto, los gremios alineados con ATE —que no representan exclusivamente a los residentes— convocaron a una nueva asamblea para el próximo martes 3 de junio a las 13:00, con la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.
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Desde la Junta Interna de ATE denunciaron que la suba “excluye al 90% del personal del hospital”, y acusaron al Gobierno de buscar “dividir” al equipo de salud. “Esto no funciona solo con una parte, ni siquiera con todos los médicos. El reclamo es también para el personal de planta, que incluye médicas, enfermeras, técnicas e imágenes”, declaró un vocero gremial. Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que la mejora es concreta, dirigida a un sector clave y producto de una planificación seria, no de presiones sectoriales.
En línea con esta postura, el comunicado oficial del hospital remarcó que se está llevando adelante una auditoría profunda para eliminar “desvíos presupuestarios y gastos superfluos”. La viceministra Cecilia Loccisano, quien fue la vocera del tema durante toda la semana, había grabado un video informando la mejora salarial el viernes anterior, pero la publicación se demoró por razones de estrategia comunicacional.
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“Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos”, sostuvo la administración hospitalaria en un documento revisado por la Casa Rosada. La gestión de Milei no esconde su intención de marcar un quiebre con el pasado reciente: “El Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido”, sentenciaron desde la dirección del hospital.
Esta postura firme viene acompañada de una ofensiva política y comunicacional para desarticular el poder de los sindicatos que, según fuentes del Gobierno, buscan deslegitimar cualquier avance si no está alineado con sus intereses. “Siguiendo la visión del presidente Javier Milei —que ha expuesto cómo los recursos del Estado fueron dilapidados durante años por una casta de militantes y privilegiados—, este hospital de referencia en pediatría continúa una etapa de orden, eficiencia y reconocimiento al mérito», afirma el documento que oficializó el aumento.
En paralelo, la Asamblea de Residentes del Garrahan emitió su propio comunicado, rechazando los modos del anuncio y asegurando que no hubo propuesta formal en mesa paritaria por parte del Ministerio. Aunque remarcaron que su reclamo “no responde a intereses partidarios” y que persiguen “transparencia y eficiencia”, decidieron continuar con la medida de fuerza al menos hasta la asamblea del martes. La única actividad prevista en el corto plazo por este sector es una marcha de velas en el Obelisco el lunes por la noche.
Desde el Gobierno, se interpreta que la reacción sindical no responde a la insatisfacción genuina, sino a la pérdida de poder. ATE calificó la mejora como una “derrota” del Gobierno, pero al mismo tiempo reconoció que el aumento no se adapta a las pretensiones máximas del reclamo, dejando al descubierto una contradicción narrativa.
El trasfondo de este conflicto tiene un fuerte componente ideológico. El presidente Javier Milei vinculó el enfrentamiento con la existencia de “ñoquis” en el sistema de salud. En declaraciones al medio Neura, expresó: “¿Usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtren los recursos a gente que no trabaja? Empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo».
La administración nacional también dejó en claro que se descontarán los días no trabajados a los médicos en formación y que podrían enfrentar despidos si las ausencias superan los cinco días. Lejos de recular, la Casa Rosada apunta a separar a los profesionales comprometidos de los militantes disfrazados de trabajadores.
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