El accidente del ómnibus de Cutcsa en la rambla de Pocitos el 26 de octubre de 2024 ha puesto en evidencia una vez más las profundas falencias del sistema judicial uruguayo, revelando lo que muchos ya sospechan: que la justicia en nuestro país es un chiste cuando se trata de proteger a los poderosos políticos y sus corporaciones aliadas.
La pericia realizada al conductor del ómnibus, que según los peritos Gabriel Barreiro y Álvaro Trindade determinó que el chofer «se durmió» en el tramo final del trayecto, choca frontalmente con los testimonios de los pasajeros. Matías Muniz, uno de los afectados, declaró a Telemundo que el conductor estaba «muy despierto» y que no se percibió nunca un estado de somnolencia. «Yo lo noté muy en sí. Cuando se para Eloísa, él le hace señas de calma y le dice que se quede tranquila,» señaló Muniz, contradiciendo directamente las conclusiones de la pericia.
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Este contraste entre los testimonios presenciales y los hallazgos de los peritos deja entrever un sistema judicial que parece más interesado en fabricar excusas que en buscar la verdad. La afirmación de la jueza de que el chofer estaba dormido, a pesar de la falta de corroboración por parte de testigos, sugiere un sesgo protector hacia el conductor, y por extensión, hacia la empresa Cutcsa. ¿Es acaso este un ejemplo de cómo se protege a los «amigos del poder» en Uruguay?
La indignación de Matías refleja un sentimiento generalizado entre los ciudadanos: «Me causó un poco de indignación, desde mi perspectiva vi otra cosa.» Este desfase no solo mina la credibilidad del sistema judicial sino que también aumenta la desconfianza pública. La justicia debería basarse en hechos y testimonios, no en hipótesis que favorezcan a una parte interesada.
Además, la actitud de Cutcsa, que según Muniz nunca se preocupó por el bienestar de los pasajeros afectados, refleja una falta de responsabilidad corporativa y humanitaria que debería ser sancionada por la justicia, no protegida. Matías, que sufrió tanto física como psicológicamente por el accidente, critica la falta de empatía de la empresa, remarcando que «es una cuestión humana.»
Este caso es un microcosmos de cómo la justicia uruguaya opera en favor de las corporaciones amigas de los políticos y en detrimento de las víctimas. Las leyes y los procedimientos judiciales parecen diseñados para mantener el status quo de poder y economía, donde las grandes empresas tienen más influencia que los ciudadanos comunes. Cuando la justicia se ve comprometida de esta manera, no solo se pierde credibilidad; se pierde la esencia misma de lo que debería ser un sistema legal justo y equitativo.
En conclusión, el accidente de Cutcsa en Pocitos no solo debe ser recordado por la tragedia en sí, sino por la forma en que ha expuesto la farsa judicial en la que se ha convertido el sistema de justicia en Uruguay.
